“El más largo corredor en esta represión es la tortura”.

Micaela Cabañas Ayala —hija única del maestro rural y fundador del Partido de los Pobres, Lucio Cabañas Barrientos— relata en las propias instalaciones del Campo Militar Número 1 cómo en 1974 fue levantada junto con su madre, su abuela, tíos y primos por elementos militares para ser llevados al mismo lugar donde ella pronuncia este discurso,  48 años más tarde. Micaela indica que llegó a ese lugar con apenas dos meses de nacida. En este campo militar aprendería a caminar y a decir sus primeras palabras. También aprendería muy temprano lo que significa la persecución política estatal y viviría en carne propia la tortura infligida por elementos castrenses.

“En este lugar y con el cobijo de mi madre y de toda la familia Cabañas que aquí nos encontrábamos en la clandestinidad, porque así lo dijeron el gobierno de ese entonces, sufrimos tortura, tortura física, moral y sicológica, y muchas otras violaciones, incluida la sexual, puesto que mi madre salió de aquí embarazada del gobernador de ese entonces del estado de Guerrero (…)”.

La desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco en Atoyac, Guerrero, sucedió en este mismo contexto, donde la tortura era utilizada sistemáticamente como método de interrogación e intimidación hacia comunidades enteras.

“Debido a que el preso no era nunca puesto a disposición de la autoridad competente, se le podría aplicar todo tipo de tortura, incluyendo, desfiguraciones en el rostro, quemaduras de tercer grado, darles de tomar gasolina, romperles los huesos del cuerpo, cortarles o rebanarles la planta de los pies, darles toques eléctricos en diferentes partes del cuerpo, amarrarlos por los testículos y colgarlos, introducir botellas de vidrio en la vagina de las mujeres y someterlas a vejación, introducir mangueras por el ano para llenarlos de agua y luego golpearlos”.

Más de 50 años han transcurrido desde el comienzo de la Guerra Sucia, periodo durante  el que se perpetraron incontables eventos de tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y otros eventos de disolución de organización social, principalmente en las entidades de Guerrero y Chihuahua. La magnitud de estos hechos aún permanece en la opacidad. 1

Desde entonces, las estrategias de seguridad en México se han ido adaptando a los tiempos, creando nuevos enemigos nacionales. A pesar de la implementación de las reformas encaminadas a respetar los derechos de las personas que entran en contacto con el sistema penal, lo cierto es que una característica que permanece constante en los contextos de las detenciones es la perpetración de violencia por parte de las autoridades que las realizan. Con base en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, podemos observar que, de manera general, el 67.7% de los hombres reportaron haber vivido algún tipo de violencia —ya sea psicológica, física o sexual—, mientras que el 65.7% de las mujeres indicaron lo mismo. La mayor parte de las personas privadas de la libertad pasó por alguna situación de este tipo.

Aunque no podemos conocer los detalles de cada detención, podemos darnos una idea de la magnitud con la que la tortura 2 es utilizada durante las detenciones en el país. La ENPOL nos permite conocer desde la incidencia de patadas o golpes, hasta conductas más complejas como la violación sexual o la aplicación de descargas eléctricas. Con el fin de dimensionar de mejor forma los tipos de violencia y poder analizar las agresiones de manera amplia, las agrupamos en tres categorías: violencia psicológica, violencia física y violencia sexual.

Las agresiones psicológicas son las más comunes, según las respuestas de las personas privadas de la libertad, con 62.9% en el caso de los hombres y 63.6% en el de las mujeres. Al observar las conductas de manera más específica, podemos ver que a casi la mitad de la población en prisión la incomunicaron o aislaron al momento de su detención. Otra forma común de intimidación es la amenaza: a casi el 40% se le amenazó con levantarle cargos falsos, a un poco más de un tercio se le amenazó con herirle, a un cuarto con privarle de su vida y a casi un tercio de las mujeres se les amenazó con hacerle daño a su familia, en comparación con 21.2% de los hombres. En este sentido, el 8.6% de las mujeres y 5.1% de los hombres dijeron que algún familiar suyo había sido agredido por las autoridades, mostrando el cumplimiento de esta amenaza. El testimonio de Micaela se sigue presentando en las prácticas de detención que suceden hoy en día.

En lo que respecta a la violencia física, de manera general, casi la mitad de los hombres indican haberla vivido, mientras que 37.9% de las mujeres señalan lo mismo. Al observar qué tipo de agresiones se perpetran en esta categoría, las acciones más comunes son las patadas o golpes con las manos, con un 39% para los hombres y 29.8% para las mujeres; seguido de asfixia o ahorcamiento con una bolsa de plástico u otro objeto, donde casi un cuarto de los hombres y 15.3% de las mujeres lo reportan. Otras prácticas comunes tienen que ver con golpes con palos o cachas de pistolas, ataduras y aplastamiento con algún objeto o el cuerpo de otra persona. Aunque en menor medida, también se registran descargas eléctricas, reportadas en un 12.9% por hombres y 6.8% por mujeres. Varias de las prácticas ejecutadas en la Guerra Sucia se siguen poniendo en práctica actualmente.

Por último, nos encontramos con la violencia sexual. Este tipo de violencia es la menos reportada por las personas privadas de su libertad. Para esta categoría, tal como se describe en el Protocolo de Estambul, incluimos agresiones como el ser obligado u obligada a desnudarse, el que los órganos sexuales fueran lastimados con golpes, descargas eléctricas u otros medios, además de los actos de acoso y violación sexual. En este sentido, una mayor proporción de hombres declara haber sido víctima de este tipo de violencia, con 33.1%, en comparación con las mujeres (28.4%). Cuando lo vemos por tipo de agresión, nos damos cuenta de que los hombres suelen ser mayormente víctimas de lesiones a órganos sexuales (11.4%), así como desnudos obligatorios (29.2%), mientras que las mujeres reportan en mayor medida que fueron agredidas mediante acoso, manoseo, exhibicionismo e intento de violación, con un 15.5% —cinco veces más que los hombres en sus detenciones— así como violación, con 4.8% en comparación con 1.9% reportado por hombres.

¿Existen diferencias por tipo de autoridad?

Si bien estas proporciones son en sí preocupantes, al mirar los datos por el tipo de autoridad que realiza las detenciones, también notamos contrastes. De manera general, aquellas autoridades que infligen mayor violencia durante las detenciones son los operativos conjuntos, 3 con 88.5%; la Marina, con 87.1% y el Ejército, con 81%. En menor medida se encuentran las policías locales —fuerzas municipales y estatales— con 70%, y las federales con un 76.4%.

Al  realizar un análisis más minucioso de los datos sobre quién realiza —en mayor medida— qué tipo de prácticas, nos percatamos de varios patrones. Tomemos como ejemplo las patadas o golpes, una de las agresiones más comunes. En el caso de la Marina, la prevalencia es cerca de 20% mayor que la media nacional —tanto en hombres como en mujeres—. En lo que respecta a las agresiones más complejas, como las descargas eléctricas, un tercio de las personas que fueron detenidas por la Marina vivieron este tipo de prácticas, una proporción casi tres veces mayor que la media nacional en el caso de los hombres y casi cinco veces mayor para las mujeres. Asimismo, la perpetración de lesiones como quemaduras, se dispara al doble en el caso del Ejército y al triple en el caso de los hombres al ser detenidos por la Marina.

De igual forma, hemos visto que la violencia sexual es una constante dentro de las detenciones, sobre todo en aquellas realizadas por las fuerzas armadas. El 20% de las mujeres que fueron arrestadas por la Marina vivieron una violación sexual —una proporción cuatro veces mayor a la media nacional—, mientras que aquellas que fueron detenidas por miembros de la Sedena, reportan el doble de incidencia de este tipo de agresiones.

¿Hay alguna relación entre la perpetración de violencia y la fabricación de culpabilidad?

Tal y como se reprimía a las comunidades chihuahuenses y guerrerenses en el marco de la Guerra Sucia, al detenerles de manera arbitraria y torturarles con el fin de criminalizarles y “obtener información”, lo que sucede actualmente sigue siendo alarmante. Con base en la ENPOL, alrededor del 43.9% de las personas privadas de la libertad indica que se encuentra en prisión por acusaciones falsas.

En este sentido, al tomar en cuenta solamente esta proporción de la población y cruzarla con aquellas personas que reportaron algún incidente de violencia durante su detención, nos encontramos con patrones que sugieren cuál es el objetivo por el cual se perpetran estas agresiones. Nuevamente, nueve de cada diez personas detenidas por la Marina que dijeron estar en prisión por acusaciones falsas, vivieron algún tipo de violencia. Esta proporción es prácticamente la misma para aquellas personas que fueron detenidas por miembros del Ejército o en el marco de un operativo conjunto.

¿De aquí para dónde?

Las políticas de seguridad mexicanas no son ajenas a basarse, casi completamente, en la fabricación de enemigos nacionales. Durante la Guerra Sucia eran los “comunistas” o “guerrilleros” que “amenazaban al orden y al estado de derecho”. Durante la guerra contra las drogas han sido los “narcotraficantes”, aquellos ligados al “crimen organizado”, incluso los “narcomenudistas” y “drogadictos”. ¿Qué es lo que hemos obtenido tras implementar dichas estrategias?

Aunque sabemos muy bien que la tortura y otras agresiones son prácticas que difícilmente van a erradicarse en un periodo corto de tiempo, desde Intersecta creemos que es indispensable un mayor control de las detenciones, desde el momento del arresto hasta la puesta a disposición y presentación con una o un juez que determine la legalidad de la misma. De igual manera, se requiere completa transparencia del actuar de todas las fuerzas de seguridad, además del apego de las fuerzas armadas a los criterios especificados en la sentencia de la CoIDH “Caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. México”, en cuanto a que su uso excepcional sea de forma extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada.

Tomar decisiones con base en la evidencia y aprendiendo del dolor del pasado, es la mejor forma de asegurar que la historia no se repita. Si los objetivos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 han de cumplirse, sobre todo el derecho y garantía de que estos hechos no vuelvan a ocurrir, no podemos permitir que la tortura siga siendo el pan de cada día en las detenciones, sobre todo cuando la seguridad pública se militariza cada día más.

* Adriana E. Ortega (@adriananana_) es coordinadora del Área de Datos en Intersecta.

1 Al momento de la redacción de este texto, la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 estaba iniciando operaciones. Uno de sus objetivos principales es conocer los detalles sobre lo sucedido durante la Guerra Sucia.

2 Tal como se define en la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, la tortura es “todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimiento graves, ya sean físicos o mentales con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”.

3 Los operativos conjuntos pueden componerse de dos o más fuerzas de seguridad, ya sean locales o federales, incluyendo a las fuerzas armadas.

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